Ampliar la cobertura de derechos, en principio, es algo positivo, ahora bien, en un sistema basado en la división sexual del trabajo y por lo tanto en la desigualdad de género es importante tener en cuenta el punto de partida sobre el que se realiza la ampliación jurídica y en qué medida la misma nos acerca a la igualdad o nos aleja de ella. Las propuestas y debate sobre la situación y reparto de los permisos por nacimiento y adopción es un buen ejemplo de esto.
En España, las mujeres tienen 16 semanas de permiso de maternidad remunerado al 100% de su salario, de éstas, 6 son obligatorias y de uso exclusivo para ellas, y las 10 restantes pueden ser cedidas, total o parcialmente, a su pareja; los hombres tienen 13 días de permiso de paternidad, remunerado en igual cuantía y de uso exclusivo, aunque no obligatorio. Si bien la Ley de Igualdad, con el establecimiento del permiso de paternidad intransferible, ha supuesto un avance significativo, la situación resulta incompleta e insostenible desde la perspectiva de avance hacia la igualdad efectiva.
A pesar de la tan aclamada igualdad ante la ley, tenemos aquí un caso claro de trato desigual: los hombres no tienen los mismos derechos para atender sus responsabilidades de cuidado. Por otro lado, es difícil negar lo evidente; la brecha existente incide de manera negativa sobre las condiciones en las que participan las mujeres en el mercado laboral, afectadas en mayor medida por el desempleo, la temporalidad, el tiempo parcial y la desigualdad salarial. Por otra parte, las mayores ausencias del mercado de trabajo que provoca la maternidad y la falta de recursos públicos suficientes para la educación y atención infantil penalizan aún más la situación de las madres, abocadas a satisfacer por sí mismas las necesidades de conciliar sus responsabilidades de cuidado familiar con sus expectativas profesionales.
Aumenta la percepción de que todo se mueve para volver al mismo punto inicial: la división sexual del trabajo. La falta de previsión del impacto de género de las medidas políticas que se estan proponiendo en esta materia, contribuye a esta sensación y convierte en papel mojado el reto de la co-responsabilidad. Por una parte decimos que los hombres no asumen su co-responsabilidad como cuidadores y sabemos que salvo su mini-parte exclusiva del permiso de paternidad no utilizan prácticamente nada más de la parte del permiso de maternidad transferible; sin embargo pasamos por alto la falta de co-responsabilidad de quienes tienen la capacidad de hacer las reformas legislativas necesarias y también de quienes diseñan las políticas públicas
¿Qué madre no querría que su pareja —en caso de tenerla— goce de los mismos derechos que ella para compartir activamente el cuidado y atención del hijo/a? La necesidad de recuperación biológica del parto —cometido de las 6 semanas obligatorias del permiso de maternidad— no es ningún argumento en contra del reconocimiento del permiso en las mismas condiciones para todas las personas. Si la madre biológica ha de recuperarse, ¿no cabe esperar que el otro progenitor o progenitora se dedique a la atención y cuidado del bebé y de la madre?
Todo indica que existe una amplia mayoría social que está de acuerdo con el objetivo de igualdad en los permisos por nacimiento y adopción. Sin embargo, se resiste la articulación de medidas para hacerlo real. Hay quien parece no atreverse a imaginar otro modelo de sociedad y sus propuestas se quedan en el corto alcance de 4 semanas como objetivo máximo para la duración del permiso de paternidad, sin darse cuenta que esán trasladando un mensaje muy directo que contrarresta cualquier intento serio de avanzar hacia la igualdad efectiva. También hay quien parece tener un interés más dirigido a asentar la división tradicional de roles de género como contrato social vigente cuando proponen la ampliación del permiso de maternidad a 24 semanas, lo que incrementará la brecha de desigualdad ya existente, con crecientes salidas de las mujeres del mercado laboral y la vuelta de muchas de ellas casi en exclusividad al entorno doméstico-familiar.
Hay incluso quien pretende que demos por buena la hipocresía social y política que existe en este tema: se arguye que el gasto de una ampliación del permiso de maternidad es algo asumible para el presupuesto público; y al mismo tiempo que no lo es el que supondría la ampliación del permiso de paternidad, al menos hasta igualar la parte intransferible del de maternidad.
El gasto económico que supondría fijar el objetivo de igualdad en los permisos por nacimiento y adopción es perfectamente viable y que de lo que se trata es de reasignar de manera eficiente los recursos según las prioridades políticas. Si en mayor medida las investigaciones y voces expertas conciden en que la Igualdad de Género aporta eficiencia al sistema, ¿por qué se resiste la ampliación del permiso de paternidad?.
Construir una sociedad igualitaria, requiere de un cambio profundo que sabemos que es viable, así que me pregunto ¿dónde están los compromisos efectivos con la igualdad de género?
Por Carmen Castro, [artículo publicado originalmente en LibrodeNotas , en SinGENEROdeDUDAS y en Rebelion ]